Una vez promulgada la Ley de Registros Civiles el pasado mes de marzo de este año, es posible tramitar gratuitamente un cambio de nombre siempre y cuando la persona que lo porte se sienta ridiculizada, infamada o no se corresponda con su género.

La novedad representa un beneficio para los venezolanos ya que antes de promulgada la Ley el trámite debía realizarse en un tribunal y pagando los servicios de un abogado.

La nueva Ley del Registro Civil establece que toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez, ante el registrador civil, cuando éste sea “infamante, le someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad”.

Si se trata de un niño, el cambio de nombre podrá hacerse mediante la solicitud de sus padres. Sin embargo, los adolescentes que hayan cumplido 14 años podrán hacer el trámite sin necesidad de contar con la autorización de un representante.

Además de un cambio de nombre, en el Registro ahora se pueden tramitar las partidas de nacimiento de aquellas personas mayores de edad que aún no estén presentados y hasta ahora no tengan identificación legal.

La Ley establece que a cada venezolano se le asignará, al nacer, un “código individual” denominado número único de identidad, para pasaportes, cédulas de identidad y cualquier otro documento emitido por los organismos públicos.

El número único se inhabilitará de inmediato y no podrá ser asignado a otra persona en los casos de pérdida o renuncia de la nacionalidad. El número único de identidad será declarado insubsistente con el fallecimiento de la persona, y no podrá ser reasignado.

Igualmente, las partidas de nacimiento no tendrán que ser renovadas, sino que tienen vigencia permanente.

En su artículo 94, la Ley establece que “la autoridad del Registro Civil expedirá gratuitamente las certificaciones del acta de nacimiento, las cuales no tendrán fecha de vencimiento; por lo tanto, los órganos y entes de la Administración Pública, así como las instituciones privadas, no podrán exigirlas con una fecha determinada de expedición, salvo que las mismas sean ilegibles o presenten enmiendas o tachaduras que dificulten su comprensión”.

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